Partido Popular de Menorca

El servicio de parquímetro des Mercadal regulado por una empresa privada mediante el sistema de pago de zona azul tuvo en 2008 un déficit para las arcas municipales de 11.570 euros, según consta en un informe del interventor del Ayuntamiento de esta población.

A esta cantidad es necesario añadir el sobrecoste de la empresa adjudicataria de este servicio por haber ampliado en un mes el acuerdo al que había llegado con el Ayuntamiento durante los últimos tres años. Este añadido ascendió a 29.200 euros. Por tanto, si esta cantidad se divide entre tres –referentes a los últimos tres años- se obtiene una cifra de 9.733 euros.

Es decir, a los habitantes de Es Mercadal les costó el año pasado la contratación de esta empresa por parte del equipo de gobierno local de la Entesa y PSM un total de 21.303 euros, resultantes de sumar los citados 9.733 euros más los 11.570.

Hace cuatro años el Partido Popular propuso en el pleno local el uso del sistema de zona azul regulado por tiempo pero sin pagar, igual como el que se utiliza en Ferreries o Sant LLuis, pero con la particularidad de destinar un agente de la Policía Local para que controlase esta actividad.

El equipo de gobierno local desestimó esta propuesta e instauró la zona azul de cobro y desde este año además ha destinado un agente de policía local.

“O sea que ahora nos cuesta dinero por contratar a una empresa privada y además destinan un agente de policía local”, explica el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento des Mercadal y presidente de la Junta Local, Manolo Palliser. Y es que la propuesta del PP tenía la ventaja de ahorrarse el dinero por la adjudicación a una empresa privada.

“Esto me parece regalar el dinero de la gente. De hecho, creo que el equipo de gobierno ha actuado con precipitación o sencillamente ignoró en su día nuestra iniciativa por el mero hecho de proceder el PP”, explica Palliser.

El político popular quiere dejar claro que el Grupo Popular está a favor de regular el tráfico y el aparcamiento en el centro del municipio, pero de una “manera racional y con el menor coste para los ciudadanos”.